En España y en muchos países de la Unión Europea (UE), hay un gran número de edificios que utilizan combustibles fósiles, como gas natural o petróleo y que, por lo tanto, producen gases de efecto invernadero. Esto deberá cambiar poco a poco debido a la regulación de la Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios. En este artículo analizamos esta normativa y cómo afecta al parque inmobiliario español.
El 75% de los edificios de la UE no son eficientes energéticamente.
El objetivo general de la Directiva es que los propietarios de inmuebles renueven sus edificios y conseguir que tanto los nuevos como los antiguos sean de cero emisiones.
Se considera que un edificio es de cero emisiones cuando tiene un consumo de energía primaria nulo o muy bajo y que, además, no genera emisiones de combustibles fósiles o inclusive, son muy bajos. Esto quiere decir que su energía procede de fuentes renovables.
Hay varios elementos importantes en la Directiva europea que vamos a analizar a continuación.
Se regulan varias normas de este tipo, de forma que los edificios no residenciales menos eficientes poco a poco irán desapareciendo. Se podrán regular casos en los que no se aplica esta norma para edificios históricos, de culto o que sean propiedad de las fuerzas armadas.
Tal y como hemos comentado antes:
– En 2028 los edificios públicos ya lo serán.
– En 2030 los edificios nuevos deben ser de cero emisiones.
– En 2050 también deberán haberse transformado los edificios antiguos.
Los Estados miembros de la Unión Europea deben elaborar planes, en algunos casos ya se está haciendo, para definir los pasos necesarios para poder eliminar las en los edificios de aquí a 2040.
En este sentido se impulsará la instalación de la energía solar en los edificios existentes en los que se realice una rehabilitación. Esto se hará tanto en edificios públicos, como nuevos y no residenciales. Esta medida se acompañará de otras como la mejora de la envolvente del edificio, por ejemplo.
El fomento de la movilidad sostenible también es importante para reducir los gases de efecto invernadero por lo que se impulsan puntos de recarga para vehículos eléctricos y la plazas para bicicletas. En este sentido, la Directiva establece lo siguiente:
– En edificios nuevos y renovados con más de 5 plazas de vehículos eléctricos, al menos deberá haber un punto de recarga por cada 5 plazas y precableado, es decir, con la instalación eléctrica preparada para poder añadir cargadores en el futuro sin necesidad de obras adicionales.
– En edificios nuevos y renovados de oficinas con más de 5 plazas de vehículos eléctricos, debe haber un punto de recarga por cada 2 plazas.
– En edificios públicos debe haber precableado para las plazas de vehículos eléctricos.
– En el caso de edificios residenciales, tanto nuevos como reformados, que tengan más de 3 plazas, debe haber al menos un punto de recarga y precableado para, al menos, el 50% de las plazas.
Se prevé la existencia de ayudas de las administraciones públicas para renovar y adaptar los edificios a la nueva normativa
La Directiva también regula una serie de medidas de los Estados para poder lograr los objetivos propuestos, por ejemplo:
– Que las solicitudes y los procedimientos de financiación sean sencillos.
– Que se solventen las barreras relativas a los costes iniciales.
– Que no se concedan incentivos para la instalación de calderas que funcionan con combustibles fósiles.
– Que se refuerce el apoyo financiero, fiscal, administrativo y técnico para las renovaciones en profundidad.
– Que los incentivos financieros se utilicen de forma prioritaria para hogares vulnerables o personas que sufren pobreza energética.
Desde 2026 los certificados se adaptarán a la escala comunitaria (de la A, a la G) en la que la A corresponde a los edificios de cero emisiones y la G a los edificios menos eficientes. Por lo tanto, los certificados de eficiencia energética de edificios serán cada vez más importantes y se creará una base de datos nacional que los recopile.
En definitiva, se trata de una Directiva relevante que va a requerir un gran esfuerzo para adaptar el parque inmobiliario español que es poco eficiente. Es importante conocer las fechas y las obligaciones, así como las ayudas disponibles, para poder convertir nuestros hogares y edificios en cero emisiones.
